Impromtus

Eugenio Gil Gil - Notario 52 de Bogotá

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Eugenio Gil Gil - Notario 52 de Bogotá

NOTARÍAS EN LA POSPANDEMIA. Hacia la personalidad jurídica.

Eugenio Gil Gil Notario 52 de Bogotá

ExSuperintendente de Notariado y Registro

Atenea. Diosa de la sabiduría

     Uno de los grandes debates que tarde o temprano tendrá que asumir el notariado colombiano, y cuanto más temprano mejor, consiste en determinar si el modelo vigente, esto es, el del profesional independiente que ejerce un oficio por delegación del Estado, con apoyo tecnológico y un gran número de colaboradores, debe conservarse o se trata de un patrón organizacional agotado. Desde las leyes de India, en Colombia se adoptó el sistema del notariado latino-germánico, el más completo y eficaz en sus distintas variables, al menos comparado con el angloamericano, como que el primero tiene regulación específica en 22 de los 27 miembros de la Unión Europea, rige para el 70% de la población mundial de casi 90 países, incluidos China y Japón, y su organismo rector, la Unión Internacional del Notariado, tiene asiento en las Naciones Unidas, en la Organización Mundial del Comercio, el Consejo de Europa, la OEA, Mercosur, Cepal, así como participa en el Instituto para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH), la Internacional de Abogados (UIA), la Unión Internacional de Magistrados (UIM), la International Law Association (ILA) y la International Bar Association (IBA).

     Desde su origen, el escribano o notario ha sido considerado como un funcionario, o como un particular, a quien se le otorga el privilegio, intuitu personae, para que, en nombre del soberano ejerza la función fedante, considerada como privativa del poder público. Sin embargo, modernizada la organización de la justicia a la par de la evolución de la función pública y la burocracia, más que dar fe y servir de testigo excepcional de los actos y negocios jurídicos que controla y autoriza, el notario entra a servir como instrumento de conciliación y prevención de los conflictos generados por la conducta interferida en su comunidad. Es decir, se posiciona en la antesala de la administración judicial, como asesor imparcial para prevenir que no se abra la puerta a la dolorosa solución de un juicio sometido a incertidumbres, dilaciones y contingencias que conllevan resultados inesperados, además de costosos, tanto para los litigantes como para la sociedad misma. “Notarías abiertas… Juzgados cerrados”, sentenció Joaquín Costa, el ilustre notario, abogado, político y economista español en su apasionante, crítica y visionaria propuesta de “Reorganización del Notariado, del Registro de la Propiedad y de la Administración de Justicia” para España, a finales del s. XIX. Costa estableció una ecuación matemática como fórmula de eficiencia y eficacia de la administración de justicia, cuya relación costo-beneficio resultaba negativa, de modo que “el número de sentencias habría de estar en razón inversa del número de escrituras”, con el propósito de reducir al mínimo los pleitos de naturaleza económica, y bajar costes a los particulares y al Estado mismo.

     Hoy, con la enorme complejidad de la sociedad posmoderna y, en particular, con los cambios que la globalización ha introducido en nuestro sistema legal, es preciso preguntarnos si el notario colombiano atiende de manera adecuada y eficaz a la demanda de servicios de los usuarios. Y la respuesta que ha de aventurarse tiene, necesariamente, que pasar por un enfoque aplicado del Análisis Económico del Derecho (AED), reconocido, más que como una escuela, como un método de análisis y estudio de las instituciones jurídicas, que emergió a principios de la década del 60 del siglo pasado, pero que media centuria antes ya el Notario Costa había anticipado. El enfoque normativo del AED, fundado en los conceptos de eficiencia, costos de transacción, externalidades, mecanismos de diseño, entre otros, permite formular recomendaciones en un plano jurídico-político, examinadas con rigor científico las consecuencias económicas que derivan de la respuesta dada por una determinada acción de política pública. La Institución notarial, entonces, tiene que pasar por ese cedazo de racionalidad y no someterse a las reacciones intuitivas, ni emotivas, tomadas al vaivén de los acontecimientos, como en este momento los vive con ocasión de la pandemia del Covid-19.

     En esta perspectiva, son los criterios de eficiencia y de costos de transacción los caballitos de batalla del Doing Business (DB), un proyecto del Banco Mundial (BM) que mide desde 2003 las restricciones regulatorias que afectan a las empresas de 190 países, y que periódicamente enfila baterías contra la institución notarial de corte latino, sirviendo de fuente en 2015 al publicitado artículo de la revista The Economist, “The princes of paperwork. A highly regulated profession fights to preserve its privileges”. Tres años antes ya había publicado otro: “Notaries: breaking the seals”. Ambos escritos apuntan al corazón del notario. Ilustrados con una imagen medieval, es caricaturizado como “un profesional oscuro”, lleno de privilegios y, por consiguiente, “poco querido”, que aporta algo de seguridad a los negocios, pero sigue siendo un “burócrata pagado en exceso que retrasa el curso de las transacciones”. Esto no es simple retórica de revistas parcializadas para promocionar el sistema anglosajón del notariado. Es la más seria, respetada, y poderosa publicación económica del mundo. No en vano, desde el DB-2005, se han implementado más de 3.800 reformas regulatorias en las 190 economías medidas por el Proyecto, 720 de las cuales eran barreras de entrada a los negocios, el mayor elemento desequilibrante de una economía de mercado y más de la mitad de esos cambios se han introducido en economías de ingresos medios. De manera que no se puede menospreciar el poder disuasivo del DB, cada vez más determinante, porque el Banco Mundial toma en consideración estos indicadores para apoyar los planes gubernamentales, así nos cause repudio esta injerencia procaz del tan denostado pero necesario ente.

     Así las cosas, la Institución Notarial, tan antigua como los negocios mismos, se encuentra en una encrucijada dilemática, acelerada por la pandemia del covid-19. O se transforma, comenzando por su estructura misional y la forma como se ejerce la profesión, o será marchitada por la fuerza de la economía, o es borrada de un plumazo con una simple reforma legal, para lo cual la Corte Constitucional puso ya el primer peldaño al señalar en la sentencia C-741 de 1998 que “… también puede el Legislador optar por otro régimen y atribuir la prestación de ese servicio a funcionarios públicos vinculados formalmente a determinadas entidades estatales”. Obviamente que la cosa no es fácil, porque el Tribunal circunscribió allí su análisis a la función fedante. Después, en providencia C-863 de 2012, afinó su postura al considerar la notarial como una especie de "administración de justicia preventiva",  evitando litigios dado que el documento notarial es la“prueba antilitigiosa por excelencia”. Aquí radica la fortaleza del Notariado colombiano, y sobre esa base es que tiene el imperativo de acelerar las innovaciones que resuelvan el dilema “o cambiamos o desaparecemos”.

     En la dirección anotada corresponde al notario, en primer lugar, filosofar. Sí. Cuestionar lo que hace y cuestionarse a sí mismo para descubrir el sentido de su oficio. Porque su rigor jurídico no le permite aprehender objetivamente su actividad, hasta el punto que su entendimiento de lo que es una escritura pública de compraventa, p. ej., es la respuesta obvia de un abogado con argumentación legal. Y así sucede con los demás actos notariales. Padece de un reduccionismo que no le permite ver lo que en la oscuridad tiene una significación más profunda, como en cambio sí lo hace el búho de la imagen de Atenea. Esto se impone hoy, cuando todas las reformas institucionales tienen como propósito final al Ciudadano, sus empresas, y después lo gubernamental. Por ello, una profesión que no genere valor al servicio que ofrece a esa persona de a pie y a las actividades de los agentes económicos está condenada a desaparecer. Una autenticación notarial facilita la confianza en las transacciones y la escritura protege un patrimonio familiar, así como un permiso de salida del país genera felicidad en las vacaciones de un menor. Eso es mucho más que hablar de un documento contentivo de una declaración de voluntad, con efectos jurídicos. Pero lo que se impone, ahora, no en el porvenir, es la autenticación digital, el documento electrónico, la carpeta ciudadana digitalizada y los registros en cadenas de bloques y nodos o blockchain. La pandemia sirvió para que todo esto, de lo cual se sabe que rige desde hace años en Estonia, y en muchos países más, se implemente en el menor tiempo posible, porque esta “plaga” buena, parafraseando a Camus en el párrafo final de La Peste, llegó para quedarse y no desaparecer jamás, y duerme en las “nubes” y servidores, y no en los anaqueles de nuestras oficinas. La evidencia empírica es abrumadora. Bastaron apenas tres horas, una o dos veces a la semana, para que se resolvieran las “necesidades notariales” de los colombianos. Hubo notarías en el país que entre el 24 de marzo y el 11 de abril, en el lapso crítico del confinamiento, atendieron cuando mucho a diez personas. ¿A qué condujo esto? A la debacle económica de 90% de los notarios. Lo cual, a su vez, desnudó las flaquezas de una Institución que en Colombia sigue dependiendo del papel y del papeleo. Es decir, que desaparecido el primero, como muy pronto ocurrirá, y aminorado el segundo como ya se advierte en la nueva era digital inaugurada por el Decreto Ley 2106 de 2019 y el Decreto Extraordinario 620 de 2020, poco a poco quedará reducida a cenizas. Aunque, como el ave fénix, tiene oportunidades y fortalezas para reconstruirse, a partir del establecimiento de un ecosistema digital que agregue valor a la actividad notarial.

     Ahora, no es suficiente la disciplina fundante del saber para llegar a la transformación. La otra, auxiliar si se quiere para no despertar celos profesionales, es la Economía. Y es aquí donde entra el AED Notarial, para darle a la Institución una modelación positiva que se adapte rápidamente a la dinámica de los hechos, respecto de los cuales el derecho siempre va a la zaga. La primera pregunta a formular es si la estructura actual con la que el notario presta su servicio individualmente, similar a un bufete de abogado, tiene la capacidad de ofrecer esos agregados que sean percibidos por los usuarios como un beneficio que no obtenían, o que no son ofrecidos en otra empresa que compita con el notario. Esto no es posible, o lo será para muy pocos profesionales fedantes, tal como está hoy organizada legalmente la función notarial. Regida por un estatuto dictado hace 50 años y en un contexto ambiguo producido por dos posturas jurídicas contrapuestas: Oficialización para convertirlo en funcionario del Estado, de un lado, o mantener su carácter de particular, del otro, devino de allí un híbrido absurdo, ornitorrinco jurídico que comparte rasgos de uno y otro, y lo peor: No es ni lo uno ni lo otro… sino todo lo contrario para decirlo en términos coloquiales. "Sui géneris", fue el calificativo usado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 2001 (Sentencia 13943 del 5 abril, M.P. Rafael Méndez Arango), para no ahondar en la naturaleza de algo inexplicable.  Con su actual organización, se dificulta afrontar el desafío del notariado moderno, que tiene necesidad de agregar valor al servicio, sumando prestaciones inéditas. Para eso necesita adoptar otra estructura, una nueva y distinta manera de prestarlo, es decir, innovando. Pero ahí se llega con investigación y desarrollo de tecnologías y plataformas de trabajo que en la actualidad no existen. También se requiere cambiar la forma de atención a los usuarios, lo cual exige permanentes estudios de mercado y análisis de sus experiencias como demandantes del servicio.

     La pandemia del covid-19 develó grandes debilidades del notariado colombiano. Varias de las medidas de salvamento del Gobierno, que han sido tres hasta ahora: Un pequeño subsidio para prever el despído de trabajadores y dos líneas de créditos para capital de trabajo y para el pago de nóminas, no han llegado a los notarios, salvo el último, que tampoco resuelve el estado de iliquidez, en tanto no cubre otros gastos fijos como arrendamientos, insumos, etc., y lo indispensable para su sostenimiento y el de su familia, así como su seguridad social. Mayormente grave es la situación de los notarios subsidiados por no llegar a los mínimos de actividad requeridos para complementar el ingreso necesario para su subsistencia. Agravada, para rematar, por la parcial apertura del servicio y ante todo por la parálisis del sector tanto de la construcción como de los negocios inmobiliarios, que es de donde fluye principalmente el ingreso de los fedatarios. Los créditos para capital de trabajo no llegan porque se destinaron a las micro, pequeñas y medianas empresas, y el notario, aun cumpliendo con los montos de ingresos y número de trabajadores señalados en la ley, no es catalogado como una empresa de índole alguna. Y tampoco califica para el apoyo a la nómina, porque este beneficio sólo está destinado a las sociedades comerciales y civiles, y no a las persoans naturales, con lo que el Gobierno desconoció a cerca de 400 mil empresarios y alrededor de 1 millón de trabajadores que están al servicio de estos, 10 mil de ellos de las notarías. Entonces, otro interrogante a plantearse es si esa estructura de establecimiento particular, personalizado, permite al notario acceder a las fuentes de financiación necesarias para realizar las grandes inversiones que implica un modelo eficiente, para la realización de las actividades que le son propias, las cuales van en camino de la digitalización y virtualización.

iNotarii. E Gil

     “Despresencializar” la actividad notarial cuesta mucho dinero. No es soplar y hacer botellas. Requiere insertarse en una economía colaborativa con ingentes esfuerzos financieros. Pero la figura personal del notario no permite que inversionistas lo apoyen, porque la empresa “Notaría X” no existe legamente, aun cuando ontológicamente sí. Es de Perogrullo, o de Parménides, mejor, que lo que no es… no es. Principio de identidad. Y nadie invierte en lo que no existe en el plano del derecho. Por el contrario, el capital, que sí conoce bien a sus "pretendientes", por su natural aversión al riesgo sólo se entrega en brazos seguros. Nunca a seres sometidos a tantas contingencias físicas y morales, como enfermedades, vejez y la muerte misma. No asume, tan fácil, las incertidumbres de un deudor que sólo con acrecentar su edad dificulta la obtención de seguros y los encarece. Distinta sería la situación si la notaría adoptara la forma de una corporación, pero de ningún modo bajo el modelo comercial, porque entonces quedaría sometido al reino de las cámaras de comercio, en la medida en que la empresa mercantil se vivifica en un establecimiento de comercio, al tenor de la definición del artículo 25 del Código. En cambio, sí estaría de acuerdo con su naturaleza, la notaría como una persona jurídica civil, dotada de plena personalidad. Así, el inversor podría aplicar sus parámetros de análisis financiero para establcer un horizonte de tiempo que le permita calcular la tasa interna de retorno y el “ebidta”, lo cual en un individuo se torna complejo. La notaría-empresa no sufriría solución de continuidad en caso de alguna contingencia sobrevenida al notario, y esas vicisitudes personales podrían predecirse y controlarse. Además, fuera de la prenda general del deudor, también sería factible asegurarse con los activos de la empresa. Cabe cuestionarse, por tanto, si el diseño legislativo de la actividad notarial es una barrera, o no lo es, para lograr la eficiencia consagrada en Colombia como uno de los principios de la prestación de los servicios públicos, de conformidad con el artículo 365 de la Constitución.

     Los costos de transacción, categoría que constituye una de las columnas vertebrales del AED, son las sumas que las partes están dispuestas a asumir según su beneficio final en un negocio determinado. A partir de aquí se aplica el Teorema de Coase (por Ronald Coase, economista británico,1937-1960, premio Nobel en 1990), según el cual si los derechos de propiedad en juego están bien definidos y los costos de una transacción son iguales a cero (0), quedará el derecho en manos de quien más lo valore. Ese muy teórico y poco inteligible planteamiento del AED, en Colombia es bastante aplicable en relación con la propiedad rural, más que la urbana, escenario permanente de conflictos judiciales, en los que una transacción reasigna la propiedad a quien más está dispuesto a pagar los costos que implica el arreglo, por la capacidad de su riqueza que le permite valorar más el derecho en juego. Pero, dado el sistema notarial que rige en Colombia, el Notario, contrario a lo que recomienda el BM, partidario de introducir un régimen exclusivamente fedante como el angloamericano, conduciría a un aumento de los litigios, porque el notario latino es un asesor imparcial de las partes y ejerce el control de legalidad de los contratos, reduciendo a casi Cero los costos de transacción, en todas sus fases, esto es tanto en la precontractual, como durante su realización y en la postcontractual. Se ubica, así, en la antesala de la administración de justicia para actuar de guardameta o portero, y atajar los goles que “avivatos” pretenden meter a su contraparte.

     R.H. Kraakman, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, acuñó el término “gatekeeper”. El notario, dice, “es una pieza esencial de la estrategia adoptada para hacer cumplir el derecho”  y puede castigar al jugador que viola las reglas establecidas (citado por Arruñada, 1995). Con la facilidad que en nuestro país existe para aprovecharse de las enormes asimetrías de información, que dan ventajas al contratante con mejores conocimientos de los mercados y acceso legítimo o subterráneo a datos ocultos o reservados, el negociante que carece de esas posibilidades, ya por su escaso análisis, ora por el excesivo grado de confianza en sus empíricos saberes requiere de ese atajador de goles. Esta intervención notarial, es un valor no medido y menospreciado por los promotores de un régimen jurídico ajeno al acrisolado sistema continenal de corte latino. De manera que al no incorporar tales costos de asesoría y control, que sí son obligatorios en aquellos regímenes recomendados por el BM, como los seguros de cumplimiento para cualquier compraventa, o el pago indefectible de intermediarios, por ejemplo, son comparativamente ínfimos los que se agregan a una negociación. Reducidos más, porque el Estado vigila y controla la actividad notarial para que ejerza el examen de legalidad, previo al otorgamiento y autorización de un acto o negocio jurídico. Además de precaver un costoso litigio futuro, son significativos los ahorros de una asesoría profesional imparcial y gratuita. Entonces, es importante plantearse si los notarios, cuando reclaman competencias para sí, tienen la capacidad de conseguir que las tarifas a establecer obedezcan a un estudio preliminar y racional de la estructura de costos, con una metodología técnicamente lograda.

     El notario, en su papel de “gatekeeper” genera consecuencias no esperadas por los usuarios, y eso se conoce en el AED como externalidades. En el análisis anterior, de naturaleza positivas, aunque igualmente su actividad, cuando por razones de economía la labor desplegada es eminentemente empírica y manual, puede generar resultados no deseados, o sea, externalidades negativas, que se incorporan como costos de transacción y ponen en riesgo la asignación de los derechos de propiedad. Por eso es que la actividad notarial tiene que ser ejercida por toda una organización empresarial, profesional y técnicamente competente y competitiva. Que le permita una movilidad funcional para adaptarse a bruscos cambios que la demanda de sus servicios exige. Requiere de una infraestructura apropiada, tecnología de punta e innovación permanente, y una eficiente administración de los recursos. Igualmente, tiene que delegar gran parte de sus funciones en los empleados, que gozan de un régimen laboral especial, en tanto sus relaciones se rigen no sólo por el Código Sustantivo del Trabajo, sino también por la Ley 29 de 1973 (arts. 3º y 4º) y el artículo 118 del Decreto 2148 de 1983, como quiera que el notario tiene la potestad de crear los cargos y debe seleccionar con especial cuidado a sus trabajadores, procurando capacitarlos con el específico propósito del “eficaz funcionamiento de la oficina a su cargo”. Eficacia que también es imperativo constitucional expresamente consagrado en el art. 209 de la Carta. Lograrlo bajo el modelo actual es sumamente complejo. Por lo mismo, se necesita un rediseño institucional que posicione al notario en el escenario de una Empresa. Pero no la contenida en el Código de Comercio, porque el artículo 25 de dicho Estatuto dispone un condicionamiento que repudia la función notarial, cual es que la actividad sea realizada “a través de uno o más establecimientos de comercio”. Surgen, pues, otros interrogantes: ¿Hay fundamentos normativos para considerar la notaría como una empresa? Y si los hay ¿Cuál sería el modelo empresarial que requiere el notario para asumir los desafíos de la nueva era de la Pospandemia?

     Afirmamos atrás que la notaría carece de entidad jurídica. Eso le ha acarreado graves problemas para normalizar la situación crítica generada por el confinamiento obligado a raíz del covid-19. Por consiguiente debe encontrarse un camino que consolide su estructura como una empresa moderna, con personería jurídica reconocida sin necesidad de que deba inscribirse como comerciante. Perfectamente se puede emplear por el Gobierno una medida similar a la de los sindicatos, cuya constitución es suficiente para adquirir la personalidad jurídica. Así, con el Decreto de creación de una notaría, aplicable a todas las ya creadas,  se adquiere la existencia legal, permitiendo, además la posibilidad de asociación libre de notarías, con plantas de personal comunes e infraestructura tecnológica compartida,  para hacer más eficiente y equitativa su actividad. Un ente independiente de su titular, sujeto de derechos y de obligaciones, que tiene en muchas leyes hoy vigentes reconocimiento expreso.

     El lenguaje de los decretos 960 de 1970 y 2148 de 1983, que ignoran la entidad de la notaría, como institución, quedó atrás. El artículo 131 de la Constitución reservó al Congreso tres misiones: 1ª) Reglamentar el servicio de los notarios; 2ª) Definir su vinculación con el Estado y el régimen de sus empleados y 3ª) Establecer un tributo especial de las “notarías” con destino al poder judicial. Como se advierte al primer golpe de vista, la Asamblea de 1991 le dio carta constituyente a la notaría. No está de más decir que lo de los tres mandatos reseñados, el Legislador sólo ha dado cumplimiento, hasta hoy, al último. El 30 de junio de 1992 dictó la Ley 6ª y consagró la contribución encomendada, prescribiendo en su artículo 135, que el tributo se aplicaría sobre los “ingresos brutos obtenidos por las notarías…” Quiere decir esto que el impuesto, sin duda el más alto que se haya creado en Colombia: 12.5% de lo producido sin descontar costo alguno, tiene como sujeto pasivo “la Notaría”. Y algo más cabe agregar: El Decreto 1960 de 1993 dispuso en su artículo 4º: “Los notarios deberán consignar el aporte especial para la administración de justicia en nombre de la respectiva notaría…” Pero no terminó todo ahí. En el año 2000, se dictó la Ley 588, cuyo artículo 1º, parágrafo 1º, es del siguiente tenor: Artículo 1º. Notariado y competencias adicionales. (…) Las notarías y consulados podrán ser autorizados por la Superintendencia de Industria y Comercio como entidades de certificación, de conformidad con la Ley 527 de 1999”.

     Siguiendo esa relación, el Código General del Proceso, en su canon 454, reconoce “a las notarías” como colaboradoras de la justicia, a las cuales puede comisionar el juez del remate para que éste se lleve a cabo en la seleccionada por la parte interesada. Como vemos, hay todo un universo normativo con claras señales de que la notaría tiene entidad y esta última no deja duda. En el sentido aristotélico, la notaría está dotada de substancia y es, por consiguiente, una realidad. Al tiempo, es también entelequia, porque ese ente tiene un “alma” que le confiere una finalidad concreta, particular, cual es el ejercicio de una función encomendada por el Estado para satisfacer necesidades sociales. La notaría, es, ya lo señaló la Ley 6ª de 1992, responsable de un tributo, y “en su nombre” actúa el Notario que, en nuestro sistema latino-germánico, es quien la dota de toda una estructura organizativa y empresarial.

     Su dimensión, bajo este criterio de empresa, adquiere una significación amplia y le permite al notario desarrollar un espectro de actividades y de instrumentos innovadores para que los recursos de la notaría se administren de una manera técnica, eficiente, ecológica, y logre así alcanzar la eficacia que son propias de toda Función Pública como lo dispone el artículo 209 de la Constitución. Además, el notario es quien tiene la responsabilidad de lo bien o mal que la organice. De si vela por la capacitación del talento humano que lo acompaña, si lo escoge pensando en la eficacia del servicio público que presta y si cumple con las obligaciones que le impone un régimen laboral especial. Se insertaría en todo el agregado nacional del sector de servicios y podría pertenecer, a través de su agremiación, a organismos de segundo nivel que tienen mayor posibilidad de participar en las decisiones del Estado que son de su interés. Las externalidades positivas serían entonces visibles para el mundo productivo, y todos los agentes tendrían a la notaría y al notario como sus mejores aliados, al erigirse en el "gatekeeper" que acrecienta la seguridad jurídica de los negocios. Y seguramente cambiaría la percepción ciudadana del notario, hoy negativa en alto grado, para apreciarlo como un generador de valor agregado a los servicios requeridos.

  En conclusión, la notaría colombiana es una empresa y jurídicamente tiene reconocimiento explícito como institución, independientemente de quien es su titular. Falta que legalmente se le otorgue personería jurídica. Pero es necesario que el notariado defina colectivamente el lugar en el que quiere estar. Así, tiene que explorar nuevas vías, que le darían a la función notarial otro aire para su renovación. De hecho, el registro mercantil es también una actividad pública encargada por el Estado a las Cámaras de Comercio, y estas tienen una estructura organizacional avanzadísima, que en gran parte se debe al dinamismo que permite el estar dotadas de personalidad. Esa que necesita la notaría, lo que facilitaría, también, el control y vigilancia de la Superintendencia de Notariado y Registro, porque la empresa tiene regímenes contables y tributarios más simples, pero al tiempo muy rigurosos. En Europa y la mayoría de países del mundo, donde se profesionalizó el notariado y se superó la etapa del mero oficio, que la Corte Constitucional de Colombia aún mantiene para los fedatarios locales, la actividad de los notarios adquiere el carácter de una actividad empresarial. Se asimila a los bufetes profesionales interdisciplinarios, y en países como Francia, por ejemplo, la notaría está dotada de una estructura corporativa que puede llegar, incluso, a la integración de varias de ella bajo la forma de una asociación civil, para potenciar y especializar los servicios, y hacerlos más eficientes, con economías de escala en su prestación. La transformación del notariado colombiano pasa, pues, por una reconceptualización del servicio a su cargo, para asumirlo como una empresa, pero sin perder su naturaleza latino-germánica, a la que se le tendrá que reconocer su personalidad plena, para la que ya está en edad de merecer.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

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Costa, J. (1893): Reorganización del Notariado, del Registro de la Propiedad y de la Administración de Justicia. Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación.

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